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Arizona, cuna de odio y segregación

Indocumentados en Arizona, temerosos de la nueva ley que los criminaliza por su apariencia física.
“Venta de garaje”, la última charla entre vecinos. “Más vale irse con un centavito en la mano, que con las manos vacías”, por lo que paisanos decidieron vender todo a precios muy por debajo de su costo original. Huyen de la ley SB1070.
 Venta de garaje. La última charla entre vecinos

PHOENIX, ARIZONA. –

“Soy la reina de los indocumentados”, anuncia entre risas América Rojas, al tiempo en que se coloca una corona de plástico, amarilla y posa para la fotografía. Está contenta porque ya “malvendió” lo último que tenía en su departamento. Así celebra el día de las madres. 

“Ya vendí todo porque ya nos vamos. No queda de otra, no hay trabajo, y con eso de la nueva ley, pos pa qué le buscamos”, sostiene.

América Rojas se refiere a la SB 1070, promulgada por la gobernadora de Arizona Jan Brewer, que, entre otros aspectos, criminaliza al que no presente documentos o trasporte a un familiar indocumentado, medida que podría ser aprobada el próximo 29 de julio.

¿Y a dónde se van?, le inquiere el reportero. 

“A México”, contesta firme otra vecina de nombre Alicia. 

“Yo y mi esposo nos vamos para Minnesota”, dice Rojas.

¿Y de dónde son?, “del Estado de Morelos”, responden al unísono 

¿Y ya tenían mucho tiempo aquí?, “16 años”, refiere Alicia.

Lamentan que ya no les tocó el programa de Amnistía, hace más de 20 años. 

Lo mismo sucedió con muchos, según relatan, por miedo, ignorancia, o porque no tenían dinero para sufragar el trámite para adquirir su residencia y posterior ciudadanía.

Por tal motivo, por lo menos aquí en Phoenix, los indocumentados han estado confinados al desprecio, en un país que los tacha de “ilegales”, trepadores, en una nación que nunca les sonrió, donde fueron vistos como invasores, y donde han sufrido en carne viva el latigazo diario de la discriminación. 

América Rojas sabe lo que es caminar entre el pantano de la segregación y del racismo en tierra ajena. Ella trabajó en Scottsdale, una de las áreas más prominentes de Arizona. 

Rememora: “Yo trabajaba ahí, en un restaurante ‘Taco Bell’, y habían muchos que nos hablaban mal, nos arrebataban las cosas. Un día embarraron un burrito encima de mi carro, le mancharon todo el parabrisas, a otros les han quebrado los vidrios de sus carros, yo pienso que es la misma gente que pasa a comprar y que no nos quiere. Hay muchachitas que son racistas y que piden que se les hable inglés, si no se van”.

Y Continúa: “Una vez nos ‘parqueamos’ en la carretera, un güero se nos emparejó, lo volteamos a ver y empezó a gritarnos groserías en inglés. Yo sí le entendí, porque yo si lo hablo, bueno, más o menos”. 

Y en eso irrumpe Alicia. “Yo no sé inglés, la verdad no me gusta”. Y dice otra vecina: “Yo de mil, una entiendo, pero no puedo pronunciar pa’ atrás (contestar)”. 

Y se jacta Alicia “pero sí les puedo recordar su diez de mayo”. Se libera el sudor de la frente y suelta la queja: “Pos es que nos discriminan mucho por ser mexicanos”.

¿Qué les dicen?, le cuestiona a la mujer este escribano.

“Que tan solo por nuestro color de piel, nos van a rechazar”, responde Alicia.

¿Pero haber aguantado tantos años?

“Es que nunca se había puesto la cosa tan fea como ahora”, señala.

¿Pero tenían trabajo?

“Sí, mi esposo, ‘malpagado’, porque yo nunca he trabajado”, aclara, y en eso es interrumpida por Sergio, su marido. “Tengo nueve años en un solo trabajo, nueve años”, insiste.

“En una ocasión”, dice el hombre, “a mi nuera Estefany, que es ciudadana norteamericana, cuando fue a pedir trabajo al Taco Bell donde yo trabajo le dijeron: ‘no necesitamos mexicanos’. Era un moreno (afroamericano) el que la discriminó sin preguntarle sobre su situación legal. Yo si hubiera sido ella, me defiendo, le digo que no me discrimine por ser mexicano”.

Silvia, otra vecina, cuenta que a los mexicanos “ni por la carretera nos quieren ver. Nos tiran ‘diabladas’ (improperios). Cuando vamos al parque los gringos nos llaman puercos, que su país está cochino por nuestra culpa. Mis hijos me traducen porque yo tampoco hablo inglés. Ellos han querido contestar pero yo les digo que no, que pa’ qué se meten en líos. Un día mi hijo el grande sí les contestó”.

Y continuó: “les dijo: sí, soy mexicano, pero tengo más respeto que tú que eres americano. Yo respeto a tu gente y a mis mayores, tú ya eres viejo y eres un veterano y no te respetas ni a ti mismo, ni a los demás”.

Y América Rojas retoma la conversación: “Ahora con esto de la nueva ley (SB 1070), en el restaurante quisieron hacernos trabajar el doble. Nos decían que si no estábamos contentos, que nos fuéramos, que habían personas disponibles para este empleo, que podían sacar el trabajo mejor que nosotros. Pos’, mejor uno se queda callada”.

“Cometen muchos abusos en  nuestra contra”, insiste. “Ellos hacen que trabajemos más, he revisado mis talones de pago y cuando me paso con el over time (tiempo extra) veo que nunca me lo pagan”.

Expone que llega gente para ocupar el mismo puesto, sobretodo los anglosajones, de color o ciudadanos “que no aguantan ni tres días” de largas jornadas -de cuatro de la tarde a la una de la mañana-, y reprocha que entren ganando más que cualquier indocumentado.

“A esta gente le pagan más que a nosotros, aunque no tengan ningún tipo de experiencia, los contratan ganando 8.25 dólares la hora”, señala y confiesa que ella entró ganando 7.25 y después de ascender a jefa de grupo le subieron el sueldo a 9.45. Para estar en regla, asegura, “siempre pagué mis ‘taxes’ (impuestos)”.

Como ya lo había mencionado antes, Sergio le ha sido fiel a la misma compañía por casi una década: Taco Bell, y siempre ha ganado 8 dólares la hora.

“Aquí los güeros y los morenos son ‘re huevones’, no hacen nada”, juzga Silvia.

Entre otras arbitrariedades laborales, América Rojas destaca: “a mí un güero un día hasta me robó dinero de la caja registradora. Para que no me echaran la culpa y me corrieran por ratera, yo tuve que pagar el dinero, eran 400 dólares”.

Menciona que la cámara de seguridad captó el instante en que el sujeto sustrajo el dinero del artefacto, sin embargo, las autoridades del negocio hicieron caso omiso. El hecho se presentó hace más de un mes de haber realizado esta entrevista.

“El manager se aferró a que yo tenía la culpa porque había dejado el dinero a la vista. Finalmente corrieron al muchacho, pero no lo hicieron pagar. Después de eso ya nada fue igual, el güero no se iba a quedar con los brazos cruzados, mínimo me delataría con inmigración, ya mejor no volví al Taco Bell”, lamenta Rojas.

“Se pierde el trabajo y se pierde toda la familia”, considera Sergio, 

“Porque ella depende de mí (Alicia), de mí dependen mis hijos. Tengo que pagar ‘biles’ (recibos) del agua, luz, renta, carro. Aquí hay gastos, no crea que vivimos de a gratis, aquí pagamos impuestos, y no andamos de vagos, como dicen por ahí”, agrega.

Largos viacrucis soportó Eva Bravo (en medio) para que le atendieran su brazo; de Chicago a Phoenix. Ella dice que al discriminan por su apariencia, por ser mexicana

Eva Bravo se accidentó en su trabajo, en Chicago, hace cinco años, en una empacadora, cuando se le cayeron unos paquetes encima de su brazo derecho que le afectó el pecho y la espalda. Hace un año y ocho meses que recibe una indemnización por “deshabilidad” en Arizona, porque en “La Ciudad de los Vientos” nunca le hicieron caso, pese a que es ciudadana norteamericana gracias al programa de Amnistía.

Haciendo honor a su apellido, se puso “brava” para que la atendieran aquí, ya que le decían que su ID (identificación) de Chicago o la de su hija, nacida en California no eran válidas en esta urbe. 

Por ahora, sostiene, “estoy yendo a los doctores, me dijeron que en septiembre me iban a hacer la operación y no hicieron nada, dicen que no hay esperanzas. Yo quiero que me intervengan porque ya no siento mi mano, está completamente muerta, la muevo, pero no la siento”.

En este vecindario, localizado entre las calles 48 y McDowell, uno de los lunares de extrema pobreza asentados en esta población, irónicamente abrazada por colonias opulentas, además de privar la incertidumbre y la desesperanza, las redadas son continuas. 

“Aquí se ponen los sheriffs con sus pistolas para estar multando. Detrás de ellos los de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) para pedirnos los papeles. Te agarran por cualquier cosa, que si el vidrio del carro está estrellado, porque no le prende un foco, que si la llanta está vieja, o porque pareces mexicano, bueno, por todo”, lamenta Alicia y aclara que no ha presenciado redadas masivas.

“Según el sheriff (Joe Arpaio) es muy estricto, es el más temido de aquí, pues debería pasar por la 15 avenida que está llena de gente que vende droga y enviciando a los chavalos, ahí están las matanzas”, destaca. 

Menciona que el olor a marihuana es común por el área; que la policía acude al llamado de escándalos, balaceras y golpes, pero que al día siguiente sus protagonistas (anglos y afroamericanos) quedan libres “como si nada. A veces son las dos, tres de la tarde y están vendiendo la droga delante de tanto niño, porque aquí enfrente hay una primaria”.

“Es más, que vigile a esos negros que hasta en el día se andan metiendo a robar a las casas, o a esos gringos briagos que se drogan por aquí, que se quedan tirados. Mejor a esos levantan los paramédicos, que a uno cuando se anda muriendo”, revela.

Acorde a testimonios, en Phoenix, personal de servicios médicos tiene la consigna de deportar a los enfermos, sobretodo, aquellos que tienen padecimientos graves, como cáncer, o los que sufren una embolia, debido a que podrían representar una carga económica para el gobierno. Los llevan a la ciudad más cercana, en Hermosillo, Sonora, México.

Uno de los últimos casos se registró con un padre de familia de 40 años de edad, que fue víctima de una embolia. A decir de su vecina, uno de sus hijos tiene espina bífida –desarrollo anormal de los huesos de la columna– y otro contrajo una enfermedad terminal. Después de que deportaron a su progenitor, la madre se hizo cargo de sus vástagos, ahora es jardinera; un desgastado negocio heredado por su cónyuge. 

Alicia en el País de los Inmigrantes. Sueños frustrados.

Tal como sucedió en la trama, es hora de que esta madre de cuatro y abuela de ocho, se vea obligada a abandonar “el país de los sueños”.

Con lágrimas en los ojos, Alicia cuenta que sus hijos “ya se fueron pa’ México”, sólo quedan ella, su esposo y nuera, pero pronto se irán, augura que en dos meses.

Y presume a sus nietos de 6,4, 3, a otro que viene en camino y a sus sobrinos, todos ciudadanos norteamericanos, “hasta El Greñas y la gatita”, apunta Alicia con humor, al referirse a sus mascotas.  

“Voy a tener que dejar a mis niños, que se han criado conmigo. Ellos me dicen ‘nos vamos contigo’, pero a qué me siguen, ¿a morirse de hambre junto  a mí?, porque allá en México no hay nada, está peor que aquí, allá hasta se andan matando”, y suelta la lágrima. 

“Yo digo, bueno pues que ese Arpaio no tiene hijos, ni en quién pensar, yo creo que ni madre tiene porque no tiene temor de Dios ese hombre. Que se ponga a pensar que así como hoy le está haciendo, así le va a ir”. Alicia llegó a Phoenix a echar semilla, dice, y aquí germinó.

Quintina improvisó una tienda de abarrotes en el barrio

Made in Mexico

La falta de empleo en Phoenix, motivó a que paisanos echaran mano de sus costumbres. 

En este caso, doña Quintina estableció su propio negocio en el departamento que renta; una tienda de abarrotes que la bendice con 30 a 40 dólares diarios.

“La puse hace un año, gracias a Dios me va bien” a pesar de que sus ventas bajaron considerablemente a partir de que se agudizaron las redadas. 

La mujer de 54 años, originaria de Guerrero, expone que su cartera de clientes se constituye de hispanos, niños que buscan los clásicos chicharrones con salsa y palomitas.

Quintina, al igual que sus vecinos, planea dejar esta comunidad de mano de su esposo e hijo. “Dicen que la cosa se va a poner peor”, por lo que ahora es parte del “efecto cucaracha” que mantiene en un brete a los hispanos, pues han adelantado su huida para finales de julio. Esta vez, el dardo cayó justo en Washington, por lo que se van “a la aventura”, sin conocer a nadie, como un día llegaron aquí, a Phoenix, hace 20 años.

Quintina afirma que no aprovechó la Amnistía debido a que cuando llegó su esposo no sabía leer ni escribir y que además era muy penoso. En su ciudad natal, este hombre, de 56 años, se dedicaba a la albañilería, pero hoy hace trabajos de jardinería.

Silvia y Roberto con Luis (de lentes) y sus tres hijos Cristian, Liz y Marco

“Por él no nos vamos”

Hace cuatro años, cuando cumpliría los 14, Luis dejó de ser el alma de las fiestas, la alegría del hogar, ya no quería ir con sus amigos, no bailaba ni se divertía, se la mantenía cabizbajo, fatigado. Al principio le dijeron a la madre que su vástago tenía una infección en el pulmón, pasó un día en el hospital y duró con los mismos síntomas todo el año, luego se le hinchó  un ojo, después el otro, su rostro se observaba pálido y empezó a dormir mucho. 

“Una vecina me dijo que el chamaco estaba espantado”, dice su madre Silvia, de 37 años. 

Más tarde, durante sus clases recayó y se lo llevó la ambulancia, le hicieron estudios. 

Ese día, los bomberos visitaron a la familia para avisarle que Luis estaba en la recta final de su vida, que toda su sangre estaba contaminada, producto de una insuficiencia renal. 

Acorde a los médicos que lo atendieron, el afectado creció con un riñón de un bebé de 6 y el otro de 9 años, por lo que es imposible sobrevivir con un solo órgano.

Hace seis meses, Luis intentó suicidarse cortándose las venas, hoy recibe tratamiento psicológico y se ha interesado en el diseño. Dice que quiere llegar a ser un estilista famoso. Le gusta dibujar tatuajes.

No obstante, el joven ha salido avante, gracias a una hemodiálisis que recibe desde entonces, cada tres días, aunque los médicos pronostican que de un momento a otro podría dejar de orinar. Actualmente está enlistado para recibir un trasplante de riñón.

Las constantes redadas y las nuevas medidas antiinmigrantes hacen pender de un hilo a esta familia, que ha buscado por todos los medios arreglar su situación legal, a fin de darle una mayor calidad de vida a Luis, a quien también trataron de darlo en adopción, pero su edad, hoy de 18, ya no lo permitió, lamenta su progenitora. Por lo que Luis está confinado al apoyo del sistema de salud Access de emergencia, que brinda servicio a los indocumentados.

Inocencia interrumpida

Cuando Luis padecía los estragos de su enfermedad, fue visitado por un maestro de universidad, un hombre anglosajón de 70 años que se compadeció del jovencito y le ofreció su ayuda “incondicional”. A él y a sus hermanos les compraba ropa y calzado.

Vecino y aparente amigo de su hermana y sus sobrinos, Silvia imprimió su confianza en este individuo, Kenneth Patch, quien, con el pretexto de auxiliar a Luis con sus terapias, clases y con la promesa de conseguirle a un donante de riñón, lo empezó a abusar sexualmente (tocamientos) y  posteriormente a sus dos hermanitos Chris y Lalo, excepto a la pequeña.

“Dicen mis hijos que los ponía a ver películas pornográficas del internet, y que se encerraba en un cuarto con Luis”, señala Silvia. “Después empezó a manosearlos a todos”.

El incidente fue reportado por los mismos menores a su progenitora, pese a estar amenazados por el indiciado, con deportar a la familia.  

Así que armados de valor, Silvia y su esposo Roberto acudieron a un abogado de inmigración para entablar una orden de restricción y una demanda en contra de Patch.

Una llamada cayó como bomba al norteamericano. Silvia expone que Luis, en contubernio con una detective, llamó por teléfono al septuagenario para darle la noticia:

¿Por qué ya no quieres venir a verme?, le preguntó exasperado.

“Porque mi mamá ya sabe toda la verdad”, contestó el paciente.

¿Y por qué le dijiste?, le increpó el adulto mayor.

“Mis hermanos le dijeron, y porque lo que tú haces no está bien”, le respondió.

“Dile a tu mamá que le doy dinero, que le doy la casa, lo que quiera, pero que no me acuse con la policía” le pidió el abusador, sin éxito, al menor.

Todo quedó grabado, lo que hundió más a Kenneth Patch, quien después de un juicio fue sentenciado a 50 años de cárcel por el delito de abuso sexual en perjuicio de los infantes.

No contento con el dictamen, el docente apeló a las autoridades y su sentencia se redujo a cinco años de prisión y otros cinco bajo arraigo domiciliario. 

El depredador quedará próximamente libre, por lo que el temor se agudizó entre los moradores de este humilde hogar, localizado entre las calles East Culvert y 48, en el Este de Phoenix.

“Yo no lo denuncié por dinero”, sostiene la madre de Luis, “sino porque este hombre se pudo haber aprovechado de otros niños que están en la misma situación legal que nosotros”.

Y Silvia no estaba equivocada. Desde que se publicó el suceso, varios casos empezaron a salir a la luz pública.

“El que sean de aquí no les da derecho. Mi niño estaba deshabilitado ¿Qué este señor no pensó en eso, en que nosotros depositamos toda nuestra confianza en él, en que le prometió a mi hijo que le iba a conseguir un donante de riñón?”, arguyó molesta la mujer. 

“Ahora, con todo esto, y con la nueva ley que quieren imponer (la SB 1070), todos tenemos miedo a denunciar”, subraya, como también lamenta que nunca le ayudaron con terapia psicológica para sus otros hijos.

“Me dijeron que para eso se tenía que reabrir el caso”, critica. 

Pese a que, con excepción de Luis, sus hijos menores son ciudadanos estadounidenses, los beneficios en torno a este tipo de acciones se han visto avasallados y el caso se ha concretado con los pocos años a la sombra que recibirá el catedrático Kenneth Patch.

Tampoco se comunicaron con el Consulado General de México en Phoenix, porque la familia de Luis, originaria de Cuernavaca Morelos, vive en constante pánico y teme a las represalias.

“Estábamos mejor allá en México que acá”.

En la actualidad, el jefe de esta familia, Roberto, en compañía de su esposa, sobrevive de pepenar material reciclado para venderlo al kilo. Se levantan a las cinco de la mañana y con lo reunido ganan hasta 140 dólares por semana.

Gracias a sus tres hijos ciudadanos, reciben alrededor de 500 dólares en estampillas (bonos para mandado), por lo que hacen “de tripas corazón” para sufragar gastos como la renta y los servicios.

“Lo ideal sería movernos a un lugar más pequeño pero mi hijo, el de la diálisis tiene que estar en un cuarto aparte, muy limpio para evitar infecciones”, afirma Silvia. “Hace un mes estuvo en el hospital porque se le metió una bacteria que le está caminando por la sangre. Dicen que si no se le atiende, el niño se puede morir”.

A pesar de la situación que los hace suponer que estarían mejor en México, Silvia y Roberto no quieren salir de aquí por lo delicado de la enfermedad de Luis, insisten.

“Yo me iría sin pensarlo, aquí ya no hay trabajo, aquí ya no hay esperanzas y allá en Cuernavaca mi mamá se está muriendo, tiene algo en el páncreas”, comenta esta madre de familia, quien hace 16 años era policía en Cuernavaca. Roberto era comerciante.

“Nos vinimos porque familiares nos convencieron”, y confiesa que hace cinco años su madre tuvo un intento fallido por ingresar a este país.  “Quería vernos, quería estar con Luis, nomás venía a eso y la agarraron”.

“Yo vine porque tuve problemas con mi anterior marido”, apunta ella. “Llegué con Luis de un año y medio y dejé a otra hija allá, de dos años”. 

Establece que sus inicios en Phoenix fueron fructíferos, que se ganaba bien, que la gente no tenía tanto temor como ahora”.

Pero ahora se arrepiente. “Pienso que estuviera mejor allá que aquí. La oportunidad la tuvimos, nunca la aprovechamos y ahora estamos pagando las consecuencias”, añade Silvia. “En México era Policía, yo tengo una amiga que estudió hasta secundaria, tomó unos cursos y se hizo enfermera y ya tiene su propio consultorio”.

Al igual que los otros entrevistados, la familia, que optó por reservar su apellido, considera que el acoso empezó a agudizarse de cinco años a la fecha. Aunque todavía se mueven con cierta libertad, le temen a la nueva ley SB 1070 primero, porque la gente se está yendo y no hay nada para reciclar, después, porque serán asechados por la cacería y el estigma.

Intentos fallidos

Gerardo llegó a Phoenix hace 20 años, era plomero hasta que se acabó el trabajo por lo que ahora cocina comida americana. Cuenta que su esposa Aracely tenía buen trabajo, también en un restaurante, pero que lo cerraron por remodelación y ya no le permitieron regresar, por lo que ahora vende tacos en su casa. “Le va bien”, dice su marido “es buena”.

Menciona que ha metido papeles en dos ocasiones; primero a través de su padre en 1994, pero que falleció. Lo mismo sucedió en 2000, cuando su madre también perdió la vida. “Pos’ que me agarren”, dice al preguntarle de las constantes redadas.

Su hermano, cuyo nombre no quiso revelar, es mecánico pero por el momento está desempleado. “Ahora me dedico a lo que agarro”, dice con cierto optimismo. Señala que antes trabajó en el estado de Nevada, en Las Vegas. Ahí laboraba en la construcción, pero con el declive económico que sufrió el país, tuvo que buscar por otra parte. 

“Donde yo trabajaba desemplearon a 2 mil personas”, dice admirado. Cuenta que cuando pisó por primera vez los Estados Unidos tenía siete años de edad. Ahora tiene 30.

La “hecatombe”

Aunque la ley no ha entrado en vigor, existe un ambiente que afecta negativamente a la comunidad porque cualquier mexicano que se encuentre de visita o trabajando legalmente en Arizona ahora podrá ser acusado por su apariencia.

“Esto ha generado un ambiente adverso en contra de nuestra gente”, considera Alfonso Navarro Bernachi, cónsul general de México en Phoenix.

Indica que los mexicanos radicados en el condado de Maricopa (hoy más de 1 millón; 400 mil sin papeles), a partir de 2004 han sido sujetos a extenuantes medidas antiinmigrantes, lo que ha desencadenado en un ambiente nocivo que continúa destruyendo familias.

Recordemos. 

  • En 2004 se aprobó la propuesta 200 que ya empezaba a hacer distinciones entre las comunidades migrantes. 
  • En 2006 surge la ley Anti-Coyote que no solo condenaba penalmente a los que se dedicaban al tráfico de humanos, sino a los propios indocumentados al ser acusados de co-conspiradores por el delito señalado.
  • En 2007 se aprobó la ley de Sanciones a Empleadores, que tenía como objeto multar a aquellas empresas o patrones que contrataran a sabiendas a indocumentados.

Ante ello, el diplomático expuso que durante esos seis años se suscitó una renovada incertidumbre entre los paisanos, que hoy los tiene al filo de un nuevo “escenario catastrófico”.

Prevé que esta medida, la SB 1070 será más rígida, por ser una especie de ley ómnibus, por tener diversas provisiones como sancionar al indocumentado, pero también limita las políticas “antisantuarias” y “antijornaleras”, ésta última sanciona a gente que contrata a estas personas por el hecho de obstruir el tráfico, y también abre la puerta para que en el transcurso de esas paradas de tránsito, el propio trabajador o jornalero sea sujeto a algún tipo de inspección en torno a sus documentos y calidad migratoria.

Al cuestionarle si la ley SB 1070 es un asunto político, por el acercamiento a las elecciones en Arizona, el diplomático responde que los principales promotores de esta ley, primordialmente el senador republicano Russell Pearce ha estado presentando este tipo de iniciativas, incluso antes de ser senador estatal y legislador. 

“Por tanto, es probable que el hecho de que éste sea un año electoral haya influido en el ánimo del Gobierno Estatal para promulgar esta ley”, apuntó.

Se dice que la mayoría de los trabajadores indocumentados son explotados y pagan más impuestos, a lo que Alfonso Navarro Bernachi destaca que hay un dato incontrovertible en la ley SB 1070, la cual, se supone, fue aprobada para limitar el impacto económico que tienen los indocumentados en materia de población carcelaria, hospitales o seguridad pública.

Sin embargo, “no hay que olvidar que las remesas que mandan los indocumentados es un pequeño porcentaje de la riqueza que están generando, producto de su trabajo, consumo y pago de impuestos que se está quedando aquí, en Arizona”, asestó. 

Otro criterio que se da es el costo que genera tener detenidos a los indocumentados que cometen infracciones o delitos, “se ha demostrado que su participación en ello es igual o incluso inferior al resto de la población de otras etnicidades”, recalcó el funcionario.

Del éxodo de paisanos, enfatizó que se carece de un registro certero, sin embargo aclaró que existe un aumento en la petición de solicitudes e información sobre ciertos trámites como folletos informativos en los que se recomienda tener listos sus documentos de identidad como el pasaporte, registro de nacimiento para los hijos con miras a que estén preparados para la SB 1070.

El papel del consulado ante la espera de esta nueva legislación es doble, apunta el diplomático.

“Es el de un mayor acercamiento a la comunidad para ayudar a disipar dudas y proveer información que le permita a nuestra comunidad tomar decisiones inteligentes. Es un mensaje para decir que no es el momento de salir corriendo, pero si piensa regresar a México, nosotros estamos ahí para guiarlos. El segundo es de intensificar las acciones de protección preventiva y asistencia consular”, explicó.

Informó que hace unos días visitó esta urbe el subsecretario Julián Ventura Valero, subsecretario para América del Norte y Arturo Sarukhan, embajador de México en Estados Unidos, para definir líneas estratégicas de acción para la red consular de México en Arizona (que comprende de cinco consulados), los cuales fueron reforzados con mayores recursos, personal y las acciones de asistencia y protección consular.

En torno a las detenciones, garantizó que toda vez que un connacional es arrestado en Arizona en las circunstancias actuales, las autoridades estadounidenses tienen la obligación de proporcionar al detenido la posibilidad de hablar a su Consulado para que sus empleados lo visiten y den cabal atención, así como a organizar su defensa legal “si así lo desea”. 

Actualmente, los arrestados se canalizan a los centros de detención del Condado de Maricopa.

Estadísticas de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) establecen que en los últimos 14 operativos realizados por esta dependencia a inicios de 2008,  han sido arrestadas 839 personas, de las cuales, 436 eran indocumentados.Del Sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, el cónsul general de México en Phoenix Alfonso Navarro Bernachi reprochó que medidas como la ley Anti-Coyote, sea la única en emplear de manera enérgica con el apoyo del anterior Procurador. “Es el único condado en donde se aplica y eso le da un giro y habla un poco de cuáles son sus prioridades y del ambiente que también ha generado”, concluyó. 

Acorde al último censo, en Arizona radica 1 millón 200 mil mexicanos, de los cuales, 450 mil carecen de documentos legales y están en riesgo de padecer los efectos nocivos de la nueva ley SB 1070.